Santa Fe - 1872
El gobierno toma un empréstito con Murrieta y Cía. de Londres. El apoderado de la firma en nuestro país es el sr Lucas González.
En 1880 viendo que se complicaba el pago del empréstito, se manda un proyecto de ley al Congreso de la provincia el cual , suscintamente , dice:
La 3º parte de la deuda , el gobierno la pagará en bonos del Estado, que devengarán intereses, y se le entregarán a Murrieta y Cía.
Para acelerar la amortización, dichos bonos serían recibidos por el gobierno provincial en pago por tierras públicas.
Se deslindarán tierras públicas como para pagar las otras 2/3 partes de la deuda y aclara que dichas tierras serán vendidas en Inglaterra u otros países europeos con el fin de recuperar el dinero y pagarle a Murrieta y Cía. con lo producido .Incluso , el proyecto va más lejos. "el estado no podrá dar a esas tierras ningún otro destino hasta que no esté satisfecha la deuda" (no sea cosa que se les ocurra venderlas a otros )
El autor del proyecto , no fue un ministro del Poder Ejecutivo, ni un legislador. Fue el mismísimo Lucas González, tal como consta en el archivo del Senado, tomo 22 , actas de 1880..
De esta ley, resulta la cesión de tierras públicas más escandalosa de la que quede registro histórico : 2.300.000 hectáreas (sí, dos millones trescientas mil) y comienza una época de rapiña sobre los bosques de quebracho colorado, la destrucción de la economía local , el avasallamiento de los derechos humanos de la población local del norte de Santa Fe , Chaco, Salta y Formosa.
Con esta ley nacía "La Forestal".
Salta - 1998:
Una licitación pública para obtener la “concesión de la explotación y ejecución de un proyecto
integral: biológico, económico y social”. Mediante un decreto, Romero le
otorgó al proyecto una ventaja del 7 por ciento y dejó la licitación
sin competidores. Su nombre sonó entonces como uno de los socios fuera
de los papeles para que el contrato se terminara por firmar el 16 de
mayo de 2000.
El objetivo de la concesión era desarrollar el área durante 64 años, sin
tener que pagar ningún canon hasta el vigésimo primer año. La inversión
no debía ser menor a 36 millones de pesos-dólares y, a partir de 2021,
Ecodesarrollo SA debía pagar 50 mil dólares por año. Entre las
obligaciones que estableció el pliego y que se incumplieron estaba la de
mejorar “la calidad de vida de los habitantes”, y quedaba prohibido el
monocultivo, además de tener indicaciones específicas para desmontes,
mejora de la infraestructura y forestación.
Según informes oficiales, desde 2003 las inspecciones detectaron que el
cronograma de inversiones no estaba siendo respetado y que el
concesionario no cumplía con los montos acordados. Ese mismo año la
empresa se dividió y, mediante otra discutida resolución de Romero, el
Ejecutivo autorizó a Agropecuaria Cervera SA a quedarse con 132 mil
hectáreas de Salta Forestal, que luego traspasó a Cresud SAIF, propiedad
del poderoso holding inmobiliario IRSA, dueño de los principales
shoppings del país.
En 2008, tras crear la Unidad de Revisión y
Renegociación (Uniren) de contratos y licencias, la provincia logró
firmar un acuerdo con Cresud por la devolución de 30 mil hectáreas y el
pago de un canon equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada
por año, lo que representa más de un millón trescientos mil pesos.
Olmedo nunca aceptó sentarse a negociar, aduciendo que no se respetaba
“la letra del contrato”.
Con dos campañas de SOJA al año (monocultivo en clara violación al contrato) , los Olmedo llevan ganados –según los cálculos
más moderados– más de 24 millones de dólares en el último lustro, sin
haber dejado un centavo a la provincia en concepto de impuestos por las
tierras, mientras que arrendatarios de la zona deben pagar cerca de 200
dólares por hectárea.
Las 200 familias expulsadas formaron el denominado Barrio Nuevo y
quedaron “en situación de desamparo” junto al alambrado perimetral.
“Casi la totalidad de las actividades fueron tercerizadas, abonando un
menor valor del que corresponde, sin registrar a los trabajadores y sin
entregar las libretas del Renatre”, documentaron los inspectores del Ministerio de Trabajo Salteño entre otras graves violaciones a las leyes laborales.
Y como si fuera poco, subarrienda a pequeños productores cobrándoles el 30% de la producción.
Paralelismos liberales, con olor a billetes, en nombre del desarrollo poblacional y la producción.
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